ALFREDO ESTRELLA / AFP/GETTY IMAGESUN GRUPO de inmigrantes caminan cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en Nogales, Sonora, México.

Decidido a demostrar que se propone contener el flujo de inmigrantes indocumentados, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que asigna $600 millones a reforzar la frontera con México con más agentes y equipos.

El voto a viva voz envía la legislación al presidente Barack Obama, quien se propone estampar su firma en el documento el viernes. Obama ha instado al Congreso a asignar más fondos para la seguridad fronteriza, en medio de quejas de los estados vecinos de México, acosados por indocumentados y narcotráfico.

Los senadores destacaron la urgencia de la medida al interrumpir su receso veraniego para votarla. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes.

La ley agrega 1,500 efectivos a la patrulla fronteriza, aduanas e inmigración y nuevos aviones no tripulados de patrullaje.

Los demócratas en la cámara baja también habían convocado a una sesión especial para aprobar la ley de seguridad fronteriza y una asistencia por $26,000 millones para evitar despidos de maestros y otros trabajadores públicos. Ambas cuestiones --empleos y seguridad fronteriza-- figuran entre los que figurarán de manera destacada entre las prioridades de los votantes en noviembre.

Donald Ritchie, historiador del Senado, dijo que era apenas la segunda vez desde que se impuso el receso de agosto en 1970 que la cámara alta lo había interrumpido para reunirse. La primera vez fue después del huracán Katrina en el 2005.

La medida de seguridad fronteriza financiará la contratación de unos mil agentes de la Patrulla Fronteriza en zonas críticas, 250 agentes de inmigración y aduanas y 250 de aduanas y protección fronteriza.

Casi un tercio de los fondos van al Departamento de Justicia para ayudar a oficinas como el FBI, la DEA y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) a lidiar con traficantes de drogas o de indocumentados.

El proyecto se financia aumentando las tarifas a las compañías del extranjero que usan programas de visas estadounidenses, incluso el popular programa H-1B para traer trabajadores calificados a Estados Unidos. La India se quejó de que los aumentos en las tarifas serían discriminatorios contra sus compañías y trabajadores.