El Gobierno de Arizona ha recurrido ante el Tribunal Supremo la suspensión de algunos apartados de su controvertida ley migratoria. La ley, firmada por el gobernador republicano Jan Brewer en abril de 2010, da órdenes a la Policía para comprobar el estatus de cualquier persona que detengan bajo la sospecha de ser inmigrante ilegal.



"Confío en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá asumir la causa y ofrecer la claridad tan necesaria para estados como Arizona, que están soportando los significativos costes humanos y financieros de la inmigración ilegal", ha declarado Brewer, quien en mayo adelantó la decisión de recurrir.



Un tribunal federal bloqueó este apartado y otros justo antes de que la norma entrara en vigor, en julio del año pasado. Un tribunal de apelaciones confirmó esta sentencia, lo que ha obligado al Gobierno estatal a acudir al Supremo.



Otros preceptos en suspenso son los que obligan a los inmigrantes a llevar siempre consigo su documentación migratoria y la que prohíbe solicitar empleos públicos a aquellas personas sin los documentos apropiados.



La Administración Obama se opone a la propuesta legislativa de Arizona, pues entiende que interfiere inapropiadamente en el sistema migratorio federal. Además el propio presidente, Barack Obama, muchos demócratas y grupos de la sociedad civil temen que se desate una oleada de hostigamiento contra la comunidad hispana. En cambio, los partidarios de la ley critican al Gobierno federal por no hacer lo suficiente en materia de inmigración.



Unos 11 millones de inmigrantes ilegales viven en territorio estadounidense, y el asunto se ha convertido en prioritario para estados que, como Arizona, tienen frontera con México.